Pena de muerte

Para México, el 2008 fue un año marcado por el crimen. La mal llamada “Guerra contra el narco”, dejó un saldo superior a los 5,600 muertos… cifra similar al número de palestinos que perdieron la vida en la Segunda Intifada (2000-2006); mientras que los secuestros, nada nuevo en nuestro territorio, esta vez tuvieron los reflectores, lo que permitió evidenciar la colusión de las autoridades con el crimen organizado, su ineptitud y la impunidad. En ambos casos, civiles pagaron con sus vidas por la violencia desmedida que azota a nuestro país.

Reflexiones sobre la manera de castigar y prevenir este tipo de crímenes sacaron a la luz pública un tema que se había dejado en el tintero durante algún tiempo: la pena de muerte.

Si bien es cierto que este castigo podría hacer sentir mejor a los familiares y amigos de las víctimas, no resolvería el problema en absoluto. Consideremos lo siguiente:

Diversos estudios han demostrado que la pena de muerte no previene ni estos ni ningún otro delito. Al respecto debemos considerar que los homicidios se cometen principalmente en dos situaciones: o al calor de una discusión o pelea, donde las reacciones son enteramente viscerales, por lo que la reflexión no tiene cabida, o porque el asesino, como cualquier otro delincuente, tiene “todo calculado” para realizar el “crimen perfecto”. Lo que le permite suponer que en ningún caso se meditará respecto a las consecuencias de estos actos.

La no aplicación de la pena de muerte en México basándose en la tesis que el sistema judicial es deficiente y que este castigo es irreversible, también es un error. Justificarse con este argumento es tan válido como aseverar que no debemos encarcelar a nadie. Las dudas sobre la transparencia y legitimidad sobre los procesos penales en nuestro país nos permiten pensar en errores cometidos al juzgar a cualquier persona e imponerle su castigo, sin importar si este es a través de una multa, una condena en la prisión o la muerte. Los últimos dos casos son irreversibles. A nadie se le puede devolver el tiempo vivido encerrado o la vida.

Además, aunque lo más probable es que quien delinque y llega a un reclusorio no se reforme, las posibilidades de que esto suceda son mínimas. Sólo uno de cada diez delitos son perseguidos y sentenciados. ¿A qué posible delincuente lo van a detener o asustar estos datos?

Por ello, la pena de muerte, a mi parecer, sólo traería un beneficio real: el económico. No mantener a una persona en prisión, no pagar por su comida ni destinarle custodios, debe permitir alguna reducción de gastos.

En relación a la propuesta del Partido Verde sobre la pena de muerte para los secuestradores debemos saber que es improcedente. México ha firmado diversos acuerdos internacionales en los que se obliga a colaborar para erradicar este castigo. Ergo, esa propuesta busca, únicamente, atraer votos aprovechándose del dolor de la sociedad.

Finalmente, pensar en la pena de muerta para los secuestradores que sean capturados in fragantti, es una apuesta arriesgada. Si se aplica la sanción en el momento de la captura, no se daría al criminal su derecho a tener un juicio justo; mientras que, si se lleva a juicio para pedir ahí la ejecución… volveríamos a empezar.

Pablo Salcedo